La Fiscalía colombiana formalizó este jueves la demanda con fines de expropiación de las acciones de la sociedad española Inassa, filial del Canal de Isabel II, en la empresa Triple A de Barranquilla que están bajo embargo cautelar desde el pasado 4 de octubre.

La demanda fue ordenada por el Fiscal 36 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y radicada en el despacho del juez penal Ower Gerardo Quiñonez Gaona, de Barranquilla, "para que proceda a dar el trámite correspondiente".

Esta medida fue tomada por la Fiscalía al cumplirse los seis meses de plazo que otorga la ley para formalizar la petición de expropiación de las acciones de Inassa en Triple A.

La petición del fiscal consta de varios folios que, según dijeron fuentes de la Fiscalía a Efe, no pueden hacerse públicos porque constituyen reserva del sumario.

El proceso comenzó el 4 de octubre de 2018 cuando la Fiscalía anunció el embargo con fines de extinción de dominio, de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 67 millones de dólares) de Inassa en Triple A, empresa que gestiona los servicios públicos de Barranquilla, principal ciudad del Caribe colombiano, y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.

Dichas acciones corresponden al 82 % del capital de Triple A, que está participada por Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

El pasado 21 de marzo la agencia de calificación de riesgo Moody's había advertido de que la clasificación crediticia de Canal de Isabel II estaba a la espera de la decisión que tomara hoy la Fiscalía colombiana.

Según anunció hace seis meses la Fiscalía, en las pruebas que reposan en el expediente se relacionan hechos ocurridos desde el año 2000 hasta 2017 en el que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica", que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones de pesos (unos 78 millones de dólares) a Triple A.

El contrato se remonta al 4 de septiembre del 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 % de la recaudación mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores calculan que en 17 años de vigencia de dicho contrato se habría pagado la millonaria suma, valor que actualizado con el índice de precios al consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos (unos 108 millones de dólares).

"Los elementos recaudados indicarían que el objeto del 'contrato de asistencia técnica' nunca se cumplió", señaló la Fiscalía, cuyo titular, Néstor Humberto Martínez, calificó el negocio de "saqueo" de Triple A.

Al anunciar el embargo cautelar de las acciones para iniciar el proceso de expropiación, la Fiscalía dijo haber encontrado evidencias de "desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros", entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A., del grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, "que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EE.UU.)".

Por esas razones, la Fiscalía prohibió salir de Colombia e impuso multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, y Francisco Javier Malia Baro, ex gerente general de Inassa.

La misma sanción afecta a los exgerentes de Triple A Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira, así como a Luis Alberto Nicolella de Caro, ex gerente general de Inassa, y a Germán Sarabia Huyke, gerente de la misma empresa.

EFE